No siempre hay que cerrar los ojos para poder ver

La crisis de la fundación Open Arms y el enfrentamiento entre los gobiernos de España e Italia 

“¿Organizan cruceros turísticos y deciden ellos donde desembarcar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa” publicaba en twitter hace unos meses el líder ultraderechista italiano. Matteo Salvini, cerca de la próxima campaña electoral, se mostraba radicalmente en contra de la inmigración y no sólo fomentaba su política xenófoba y antieuropea sino también, “con una finalidad exclusivamente electoral, incumple lo que tiene que ser el mínimo común denominador de la UE y pone en riesgo vidas humanas” según afirma la Ministra de Defensa, Margarita Robles. 

El verano pasado la oenegé catalana, Open Arms, pidió urgentemente un puerto seguro en el que desembarcar a 121 migrantes, pero no obtuvo respuesta por parte de ningún gobierno. Por una parte, el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, mantuvo los puertos del país cerrados a la ONG y afirmó que el barco era español y los inmigrantes a bordo estaban bajo la responsabilidad de Madrid. 

Pero Italia no es la excepción. En España, el trabajo realizado por la oenegé catalana Open Arms tampoco está del todo bien visto. De hecho, su fundador, Oscar Camps, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, según él, su entrometimiento en el conflicto, lejos de aportar soluciones, ha obstaculizado un posible desembarco en el puerto más cercano. En frente esta situación de elevada dificultad, la vicepresidenta Carmen Calvo, afirmaba que España no era el puerto, pero finalmente, el Gobierno ofreció por primera vez el puerto de Algeciras al Open Arms a lo que Salvini reaccionó en twitter con un “el que la sigue la consigue”. No obstante, la alternativa fue rechazada porque el barco se encontraba en plena situación de emergencia y no podía afrontar una navegación de cinco días más. 

Este rifirrafe continuo entre Italia, España y el Open Arms pone las cartas sobre la mesa y plantea la siguiente cuestión: ¿Es el papel de las asociaciones que recogen migrantes a la deriva en alta mar necesario o un problema más frente la ineficacia de la Unión Europea? Exactamente, tal y como afirma el abogado especialista en Derecho Marítimo, Jaime Rodrigo Larrucea, “las ONG están haciendo el papel de los estados que conocen perfectamente la legalidad internacional, pero la ignoran”. Llegados a este punto cabe decir que tanto la izquierda como la derecha ha cerrado los ojos y se ha limpiado las manos frente al problema del corredor Mediterráneo, considerado uno de los más mortíferos. Antes, hace más de un año, Sánchez pedía a través de su cuenta de twitter la atención por parte del Gobierno de Rajoy a la Fundación Open Arms y ahora repite continuamente que quienes tienen el deber de ayudar a la ONG son Italia y Malta. 

El líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, se ha mostrado en contra de la organización. A través de su cuenta de Twitter, Abascal ha afirmado que “disfrazando sus actos como ‘rescates’, la labor de esta ‘ONG’ la hace cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas que generan cada año millones de euros de beneficio”. No es sorprendente este mensaje puesto que Vox lleva tiempo pidiendo la retiración de ayudas públicas a estas ONG y posicionándose en contra de una tarea que según dice no está “certificado” por las autoridades españolas e implica una supuesta “vulneración de las normas del Derecho Marítimo”.

Es un juego de tira y afloja, eso está claro. Mientras la cuerda entre los Gobiernos Europeos y la fundación Open Arms sigue tensándose, miles de personas esperan poder llegar a tierra para buscar una vida mejor. Es en este momento cuando nos preguntamos si realmente, las acciones de ambos puntos obedecen a unos fines humanitarios o unos intereses políticos y económicos. El problema parece no tener fin porque no solo se está poniendo en peligro la vida de muchas personas sino también se está tocando algo muy preciado por los gobiernos, la opinión pública. El objetivo de crear un estado de opinión favorable y tener el control del discurso político se está viendo amenazado. Sin embargo, atendiendo a los hechos, la actuación de ambos gobiernos no es justificable y merece cuestionarnos si los gobiernos de izquierdas están respondiendo así por miedo a la ultraderecha o si la derecha utiliza este problema como provocación y para hacer campaña.